Por Victor Hernández
La FGR inició investigaciones contra el candidato del PRI a gobernador de Nuevo León, Adrían de la Garza, y contra el candidato de MC, Samuel García. La derecha está haciendo pataleta, pero la realidad es que sí hay evidencia de que hicieron transas para investigarlos.
En el caso de Adrián de la Garza la evidencia es que se puso a repartir tarjetas para mujeres a las cuales les agregaría dinero si gana las elecciones. Eso se llama COMPRA DE VOTO y es un delito federal.
Es un viejo truco que usa el PRI de Edomex para comprar votos. AUNQUE, hay que decirlo, también lo hizo Alejandro Encinas cuando fue candidato a gobernador de Edomex en 2011. En ese entonces Encinas ofreció una tarjeta a la que le puso "La Cumplidora" con la cual los adultos mayores cobrarían una pensión como la de la Ciudad de México por ley.
A encinas le copió el candidato del PRI a gobernador de Edomex, Eruviel Ávila, con su propia tarjeta, a la cual le llamó "La Efectiva."
¿Cuál es la diferencia? Que la tarjeta de Encinas era para promocionar programas sociales--lo cuales nisiquiera dependen de él, sino de que se avalen en el congreso--mientras que la tarjeta de Adrían de la Garza ofrece depositar dinero a la tarjeta que él está ofreciendo como pago único. Eso equivale a decir "vota por mi y te pago 500 pesos y una despensa."
Por cierto: El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya estableció criterios para determinar cuando una tarjeta es un delito electoral. Lo explican en este texto. Básicamente la diferencia es esta:
Pongamos un ejemplo: si una candidata o candidato, hace un mitin político ante quinientas madres solteras y les arenga: “El año que viene, si soy electa, les voy a dar a todas las madres solteras biberones, pañales, beca para colegiaturas, etcétera. ¿Está prohibido hacer ese ofrecimiento? La respuesta es no, es una acción de gobierno futura.
Y qué tal si esa misma promesa, la candidata, la plasma por escrito en un papel muy chiquito, rectangular y en cartón, tampoco está prohibido. Esto evidencia que la propaganda en formato tarjeta por sí misma no es ilícita.
Lo que sí está prohibido es: utilizar esa propaganda chiquita o no, de manera clientelar y condicionar el voto.
En otras palabras, mientras no se condicione el voto, se considera promesa de campaña.
El Tribunal Electoral nunca ha dicho nada diferente a esto. Su labor es marcar claramente la línea entre promesa y condición o compra de voto ante un caso específico, en el cual, debe analizar no tanto en sí el formato, sino sobre todo el mecanismo, es decir, cómo se llevó a cabo el llamado al voto.
O dicho de otro modo, si lo que se promete con una tarjeta son programas sociales, NO es compra de voto, sino promesa de campaña para acciones de gobierno. Pero si lo que se ofrece a cambio del voto es un pago en efectivo, como lo hizo Adrián de la Garza, entonces sí es delito electoral.
En el caso de Samuel García la FGR recibió evidencias de facturas falsas emitidas por una empresa del papá de Samuel García (sí, García es un junior), que presuntamente habrían beneficiado a la esposa y suegro de García. La FGR ve a estos movimientos de dinero como triangulación ilegal de dinero a la campaña de García.
¿Se debe investigar esto? Sí. Máxime cuando el propio Samuel García admitió haber rebasado los topes de campaña. Lo dijo en un video en el cual dice que entre él y su familia le habían metido 20 millones de pesos a su campaña. El tope de campaña es 7.2 millones.
Ahora bien, lo de las facturas lo que sugiere es que la familia de Samuel García ya no le podía meter legalmente dinero propio a su campaña, y que le transfirieron dinero a la familia política de Samuel García (su esposa y su suegro) para triangular el dinero a su campaña.
Eso es un delito federal.
¿Que el timing de las investigaciones es muy cercano a las elecciones? Sí. Pero la ley no se debe esperar a que pasen las elecciones para indagar delitos electorales. De hecho, ya existía una versión de que la FGR estaba investigando a la familia de Samuel García.
Ahora bien, dirán en la derecha que esto se hace para beneficiar a la candidata de Morena a gobernadora de Nuevo León, Clara Luz Flores. Pero esto no cuadra, ya que ella está en un distante tercer lugar. Más bien esto suena a que sí hay delitos electorales y la FGR está haciendo su trabajo.
¿Qué va a pasar si la FGR abre proceso contra De la Garza y García? Pues nada. Que las boletas electorales ya están impresas, así que no van a poder cambiarlas. La gente de todos modos votaría por ellos, pero los votos le contarían a sus partidos. Así que aunque tuvieran que quitar a candidatos transas, Morena de todos modos no se podría recuperar. Sería como pedirle a los votantes que eligieran entre dos delincuentes y una mentirosa.
Que sirva de lección para que Morena no vuelva a poner a candidatos y candidatas impresentables. Lo único que logran es que la gente prefiera votar por delincuentes.
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