De acuerdo con Reforma, la reforma energética de Peña Nieto tiene como componentes principales cambios a tres artículos de la Constitución, el 25, 27 y 28, para permitir la privatización de Pemex.
Los cambios que mayor daño harían a la paraestatal serían a los artículos 27 y 28.
El artículo 27 dice actualmente lo siguiente:
"Tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos".
La reforma privatizadora de Peña Nieto pretende quitarle al texto las palabras "ni contratos", con lo cual se pretende que empresas privadas puedan tener contratos de riesgo y de renta petrolera compartida. Es decir, México perdería ingresos ya que se le tendría que dar parte de la renta petrolera a privados.
Además, el artículo 28 se modificaría para que se describa a la petroquímica básica no como "área estratégica", sino como "área prioritaria", con lo cual la refinación podría quedar en manos de empresas privadas.
El artículo 25 sería cambiado supuestamente para dar mayor autonomía a Pemex y pueda tomar sus propias decisiones de desarrollo.
Tan sólo el cambio al artículo 27 generaría pérdidas millonarias al erario mexicano y forzaría un aumento de impuestos a los pobres y a la clase media para cubrir el boquete fiscal causado pro la privatización del sector energético.
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