Por Victor Hernández
Algo inusitado ocurrió con la demanda que interpuso el canciller Marcelo Ebrard a nombre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador contra la industria de las armas de Estados Unidos, en la cual los acusa de ser responsables de la violencia en México por facilitar la venta de armas a grupos criminales.
Lo que ocurrió, y que no suele ocurrir en procedimientos legales en Estados Unidos contra la industria de las armas, es que la industria de las armas pidió una extensión de tiempo para poder responder a la demanda. Esto debido a que no ha encontrado argumentos lo suficientemente sólidos para rebatirla.
Originalmente la industria de las armas pretendió que se desechara la demanda alegando que el gobierno mexicano no tiene capacidad legal para demandar en el estado de Massachusetts, donde se tramitó la demanda, y que además la industria de las armas está protegida por una ley llamada Protection of Lawful Commerce in Arms (PLCAA) que les da inmunidad si alguien sale lastimado por el uso de armas.
Pero México respondió con algo que la industria de las armas no se esperaban; con un hueco en la ley que sí les permite a los fabricantes de armas ser responsables de daños ocurridos FUERA de Estados Unidos.
La respuesta de México, que es respaldada por varios expertos legales en Estados Unidos, es que la ley se diseñó para proteger a la industria de las armas en Estados Unidos, no fuera de ese país; que la ley así lo indica de manera explícita. Y que por lo tanto México sí tiene derecho a demandar, ya que los daños que reclama ocurrieron en México.
Como la respuesta fue contundente, la industria de las armas se vio obligada a pedir más tiempo para responder.
El detalle es que la industria de las armas no tiene para dónde hacerse. Si la ley dice algo explícito, no hay manera de darle una interpretación distinta en una corte federal a menos de que el caso se lleve por apelación hasta la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos.
¿Por qué? Porque entonces la Suprema Corte de Estados Unidos puede declarar que la ley es inconstitucional por violar la segunda enmienda de la constitución de EU (la cual protege el derecho a portar armas) y ampliar la protección a la industria de las armas.
Pero inclusive así la Suprema Corte tendría problemas para alegar que la ley es inconstitucional, ya que no se trata de un tema de portación de armas, sino de comercio. Además, la segunda enmienda, al igual que ley a con la que se pretendieron escudar en la industria de las armas, no aplica en México.
El único problema que podría tener México si el caso llega a la Suprema Corte de EU es que la mayoría de los ministros son de ultraderecha. Sólo 3 son liberales. Y sólo uno, John Roberts, es de derecha pero es moderado. Los demás o son ultras o los puso Trump, que es lo mismo que ser ultra.
Pero aún así no son suficientes los ministros para darle la razón a México. Suponiendo que Roberts estuviera a favor de la postura de México, 5 ministros estarían a favor y 4 estarían en contra. Forzosamente tendría que excusarse un ministro para que hubiera un empate y, de haber sido ganada la demanda en apelación por México, perdiera la industria de las armas.
Sin embargo, hay una manera en la que México podría lograr que uno de los ministros se excuse. Pidiendo que no participe el ministro Clarence Thomas.
¿Por qué? Porque ayer la esposa de Clarence Thomas, Ginni Thomas, admitió que participó en el mitin de Donald Trump del 6 de enero de 2021, el cual derivó en el asalto al congreso de Estados Unidos por grupos extremistas, aunque dijo que no tomó parte en la organización del evento.
Esto es importante porque al participar la esposa de Thomas en el mitin, se genera un conflicto de intereses que le impediría a Thomas participar en decisiones sobre casos relacionados con el asalto al capitolio.
¿Cómo es eso relevante para México? Pues porque los grupos de extremistas que asaltaron el capitolio son promotores del derecho a portar armas.
Si resulta que Ginni Thomas ha apoyado a grupos que promueven la cultura de las armas, Clarance Thomas se tendría que excusar de participar en la decisión del caso si llegara a la Suprema Corte de EU (aunque la decisón sería de él, ya que legalmente podría no hacerlo). De excusarse Thomas, el fiel de la balanza en la decisión sería John Roberts. Si Roberts decide apoyar a la demanda contra la industria de las armas, México gana y industria de las armas pierde, lo cual sentaría un fuerte precedente legal para empezar a frenar el tráfico de armas de Estados Unidos a México.
Así que le sugiero al canciller Marcelo Ebrard que ponga a su gente a empezar a investigar el activismo político de Ginni Thomas y de otros cónyuges de los ministros conservadores de la Suprema Corte de EU, ya que si existe algún conflicto de interés México debe indicarlo para que los que lo tengan no participen en la decisión. Eso incrementaría las posibilidades de México de ganar la demanda en caso de que llegara hasta la Suprema Corte de EU.
PD: Y no, eso no es injerencismo en los asuntos internos de EU. México está demandando en ese país y tiene el derecho legal a señalar si hay conflictos de intereses que puedan hacer que el juicio no sea imparcial.
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