Una vez más una nota importante es publicada en domingo, cuando nadie la va a leer. Ayer Reforma dio a conocer que Oceanografía no es el único caso de corrupción en empresas privadas que reciben contratos de Pemex.
De acuerdo con el diario, denuncias registradas en el órgano de control interno de Pemex registran acusaciones de corrupción y tráfico de influencias contra Representaciones y Distribuciones Evya, empresa que ha recibido al mes 2 mil 757 millones de pesos de Pemex en contratos.
El PRD acusa a la empresa de traficar contratos multimillonarios.
Es además propiedad de Francisco Javier, Luis y Roberto Camargo Salinas, el último presidente de la CANACINTRA de Ciudad del Carmen.
El PRD declaró que hay pruebas suficientes para demostrar que empresas como Evya fueron beneficiadas ilegalmente por Mario Ávila Lizárraga desde el cargo de subdirector de Mantenimiento y Logística en Servicios Marinos de Pemex Exploración y Producción.
Otra empresa señalada por Reforma es la firma de outsourcing Grimsur, a la cual acusan de controlar la nómina de trabajadores de Oceanografía y de estar implicada en emisión de facturas falsas de acuerdo con el SAT.
Lo mismo pasa con Cotemar, otra proveedora de servicios de Oceanografía.
Y también acusan a Geomarex, propiedad de Carlos Daniel Yáñez Osuna, hermano del dueño de Oceanografía, Amado Yáñez.
Ahora bien; si son tantas las empresas privadas con señalamientos de corrupción, ¿quién asegura que las empresas privadas a las que les quieren entregar el petróleo Enrique Peña Nieto y el PRIAN no serán igual o peor de corruptas?
Esa es precisamente la razón por la cual no debe entrar en vigor la reforma energética y se debe echar abajo por medio de una consulta ciudadana.
Y si no permiten la consulta ciudadana, entonces se debe sacar del poder al PRI y al PAN por medio del voto.
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