De acuerdo con Reforma, el acuerdo para la creación de la Comisión fue publicado hoy en el diario oficial de la federación.
Esto ocurre tarde, ya que en el Gobierno del DF, Miguel Ángel Mancera designó a Lety Varela como Directora General de Prevención del Delito desde el mes pasado.
La nueva instancia ordenada por Peña Nieto será estará integrada por la Secretaría de Gobernación, la de Desarrollo Social, Economía, Comunicaciones y Transportes, Educación Pública, Sañud, Trabajo y Previsión Social, y Desarrollo Agrario, pero sin especificar cómo podrá tanta burocracia operarla de manera eficaz.
La comisión sesionará por lo menos una vez al mes de manera ordinaria y de manera extraordinaria las veces que sea necesario. Sus resoluciones se tomarán por mayoría de votos.
La nueva instancia se limitará a hacer recomendaciones para orientar las políticas y programas del gobierno federal a la construcción de una ciudadanía "responsable", dice Reforma.
Es decir, asume que el gobierno federal no es responsable por la prevención del delito.
Además, la Comisión promovería la cultura social de la legalidad y tolerancia; la "corresponsabilidad" social: el mejoramiento del entorno social y el acceso a servicios básicos; la apropiación de espacios públicos y la generación de oportunidades de desarrollo.
Sin embargo, cabe señalar que promover una cultura no equivale a presentar soluciones concretas por parte del gobierno.
Adicionalmente, la Comisión tendrá como función propiciar que el gasto de las dependencias que la integran esté alineado a la planeación nacional sobre prevención y dar seguimiento a los apoyos econóimicos otorgados por el gobierno federal a empresas sociales, así como analizar el uso del gasto en sus políticas y la convenciencia de reorientar recursos hacia acciones que reduzcan factores de riesgo.
Esto, no obstante, a pesar de que no hay aún un plan nacional de desarrollo.
Cabe señalar que la violencia durante la administración de Enrique Peña Nieto no ha parado. En apenas dos meses desde que Peña Nieto llegó al poder, se han registrado más de 2 mil 200 muertes dolosas relacionadas con la guerra contra el narco.
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