El gobernador sonorense Guillermo Padrés Elías, como buen panista conservador, repudia todo lo que huela a Estado laico y viola con cinismo la ley porque en la entidad no hay quien se atreva a ponerle límites; el grueso de los periodistas están comprados, amordazados o trabajan para su administración y ni la oposición, aglutinada en el PRI, es capaz de hacerle contrapesos.
El señor no sólo se niega a obedecer las órdenes del Poder Judicial para que su gobierno detenga las obras del Acueducto Independencia (ya hablaremos después sobre el tema), sino que exhibe actitudes de sumisión ante la jerarquía católica.
Ayer Padrés secundó el llamado del arzobispo de Hermosillo, Ulises Macías, para que el Estado mexicano imparta educación religiosa en las escuelas públicas del país, haciendo eco de la petición de la Conferencia del Episcopado Mexicano.
El gobernador dijo que se debería analizar a fondo esta iniciativa que regresaría al país a la Edad Media: “Yo como católico por supuesto que lo veo muy bien".
Padrés Elías tuvo el descaro de asistir, junto con el alcalde de la capital, a orar y a venerar las reliquias del beato Juan Pablo II, el protector del pederasta Marcial Maciel, que pisaron tierra sonorense y convocaron a 65 mil fanáticos religiosos.
Por más católico que sea el gobernador, sus creencias deberían quedarse en el ámbito de su vida privada, pues si bien algunos ciudadanos creyentes ven con buenos ojos que el mandatario sea un hombre de fe, habemos muchos más que profesamos religiones distintas al catolicismo o de plano no profesamos ninguna y queremos que el Ejecutivo gobierne para todos, no sólo para una élite adinerada y poderosa.
Con sus actos, Padrés viola diversas disposiciones legales, como el artículo 130 de la Constitución y el artículo 23 de la Ley Electoral de Sonora, que establecen la laicidad del Estado y prohíben la subordinación a los ministros de culto. También violó la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que en el artículo tercero ordena que las autoridades no pueden establecer “preferencia o privilegio a favor de religión alguna” y en el artículo 25 mandata que los gobernantes “no podrán asistir con carácter oficial a ningún acto religioso de culto público”.
Pero si Padrés se pasa por el arco de triunfo las resoluciones del Poder Judicial, ¿creen que le importe pisotear estas leyes?
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