Ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación reviritió el resultado de la elección para diputado federal en Coacalco, Estado de México, tras anular 13 casillas.
Esa diputación la había ganado el PRD, pero al revertir el resultado, el TEPJF le dió el triunfo al PRI, dándole además al PRI, al sumar los diputados del PVEM y del PANAL, sus aliados, una mayoría simple de 251 diputados.
Es decir, permitió que el PRI ganara en la mesa lo que no ganó en las urnas.
¿Pues no que no se iba a poder hacer eso según Alejandro Luna Ramos, presidente del TEPJF?
A ver si es cierto porque la anulación ocurrió en una sala regional del TEPJF y el PRD anunció que impugnaría nuevamente, lo cual sugiere que irían al pleno del tribunal.
La realidad es que Alejandro Luna Ramos no debió haber dicho esa tontería. Cuando un partido tiene evidencia de irregularidades, tiene el derecho a impugnar el tribunal electoral está obligado a acatar la ley.
En el caso de la impugnación de AMLO, por ejemplo, hay todas las evidencias para invalidar la elección tanto por la compra de votos del PRI como por el rebase de topes de campaña, como por el uso de dinero ilegal -producto de triangulaciones, o dicho coloquialmente, lavado de dinero- por parte de Peña Nieto.
Y si el TEPJF ya demostró que el PRI sí puede impugnar y cambiar el resultado de la elección, entonces no debería existir ningún impedimento para que, con las pruebas en la mano que lo demuestren, se revierta la elección presidencial.
PD: Por cierto: ¿no que no había impugnaciones de las elecciones legislativas?
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