Eso quiere decir que empresas privadas se quedarían no sólo con la ganancias, sino con la propiedad directa del petróleo en sí, quitándole a México su propio patrimonio energético.
La única diferencia es que la venta de gasolina se privatizará de manera gradual, mientras que el resto del sector se privatizará de inmediato.
El paquete de 21 leyes enviadas al congreso en materia energética contiene 13 modificaciones y 8 nuevas leyes.
Los contratos, además, serán otorgados por varias entidades, con lo cual se burlarían las decisiones del órgano regulgador.
Pedro Joaquín Coldwell alegó que de esa manera habría pesos y contrapesos, pero en realidad lo que eso significa es que los contratos serán otorgados a discreción inclusive si el organo regulador los niega.
Peor aún; en los yacimientos transfronterizos el 80% de la producción se la quedarán los privados, mientras que a México sólo le darán el 20% de la producción.
No sólo eso; Pemex ahora pagaría sólo 65% de impuestos cuando antes pagaba 75%, lo cual significaría un boquete en las finanzas públicas que sólo se podría tapar aumentando aún más los impuestos.
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