Desde el martes pasado empezó a aparecer en la prensa que el gobierno federal priista de Enrique Peña Nieto entorpeció deliberadamente la extradición de delincuentes mexicanos a Estados Unidos alegando que en Estados Unidos se les da protección o les reducen las sentencias a cambio de información.
Pero eso en realidad es una falacia y un pretexto muy burdo del gobierno priista para no extraditar narcos a Estados Unidos. Mire usted:
Según una nota de Reforma publicada el miércoles 22 de julio, Jesús Murillo Karam, cuando era titular de la PGR, se quejó con el procurador de Estados Unidos, Eric Holder, de que se congelaran las extradiciones de Gastón Azcárraga, de Mexicana, Martín Díaz Álvarez, de Oceanografía, y Rafael Olvera Amezcua, de Ficrea. Que eso era una invitación a que los delincuentes de cuello blanco se escondan en Estados Unidos.
El detalle es que en el caso de Gastón Azcárraga, el empresario que hundió a Mexicana inció una solicitud de asilo político, la cual se tiene que desahogar primero antes que la solicitud de extradición.
Así funciona el sistema legal de Estados Unidos. No es protección para un delincuente, sino simple debido proceso.
Esa nota sobre los reclamos de México a Estados Unidos por no haber tramitado la extradición de empresarios apareció en Reforma un día después de que se publicara una nota en la cual se señalaba que México "perdió la confianza en Estados Unidos" y por eso congeló las solicitudes de extradición de narcos como el Chapo Guzmán.
Que porque el gobierno priista reclamó que en Estados Unidos "negocian, a espaldas de la PGR, beneficiios a los detenidos a cambio de información."
"El Procurador (Murullo) explicó que en algunos casos la entrega (de narcos) ha sido suspendida, ya que los (criminales) reclamados fueron entrevistados sin conocimiento de las autoridades mexicanas, por agentes estadounidenses, quienes les ofrecieron, de consentir su extradición, otorgarles beneficios en la sentencia."
Murillo tendría que ser súmamente ignorante de los procesos judiciales en Estados Unidos para creer que eso es un problema.
En Estados Unidos desde hace décadas se le ofrece a los delincuentes detenidos en casos de delincuencia organizada reducciones de sentencia y ponerlos en el programa de testigos protegidos si aportan suficiente información para encarcelar y sentenciar a criminales de más alto nivel.
Un caso emblemático de esta política de cambalaches fue el de Sammy Gravano, a quien la justicia estadounidense le ofreció reducirle la sentencia y ponerlo en el programa de testigos protegidos a cambio de que denunciara a John Gotti, su jefe inmediato y líder de la "familia" Gambino, el grupo mafioso más poderoso de Nueva York.
Para Estados Unidos el darle beneficios a peces pequeños vale la pena si a cambio logran capturar a los peces gordos.
Aún así, Gravano nunca dejó de estar bajo vigilancia de Estados Unidos, y cuando quiso armar una red de venta de drogas lo arrestaron de nuevo.
Lo cual lleva a pensar que en realidad ESA era la verdadera preocupación de Murillo Karam; que el gobierno de Estados Unidos le ofreciera a los narcos extraditados reducirles la sentencia o ponerlos en el programa de testigos protegidos a cambio de que balconearan a peces gordos.
¿Y si esos peces gordos incluían a funcionarios priistas?
Porque a fin de cuentas en Estados Unidos no tienen ningún empacho en emitir órdenes de captura contra ex gobernadores priista, por ejemplo. Ya tienen orden de captura en Estados Unidos los ex gobernadores priistas de Tamaulipas Tomás Yarrington (por narcolavado), Eugenio Hernández (por lavado), y hay acusaciones contra funcionarios del gobierno de Moreira.
Suena, por lo tanto, a que la verdadera razón por la cual el PRI entorpeció los procesos de extradición de narcos mexicanos no tiene nada que ver con que en Estados Unidos les den trato favorable a los narcos, sino con el hecho de que ese trato favorable es sólo a cambio de información que ayude a arrestar a peces más gordos.
Lo cual no debería ser un problema para el gobierno priista A MENOS de que esos peces gordos sean parte... del gobierno priista.
Lo que falta por saber es hasta dónde llegan las complicidades del gobierno priista con el narco. Pero eso sólo lo podrá averiguar Estados Unidos al interrogar a narcos mexicanos extraditados.
Y lo cual refuerza la sospecha de que esa es la razón por la cual el gobierno priista pone trabas para que los extraditen.
PD: Arely Gómez cambió la excusa para justificar el hecho de que el gobierno priista está entorpeciendo los procesos de extradición y se lo achacó a que ahora el proceso de amparo dura 30 días. Pero Murillo Karam ya había dejado bastante claro cuál era la verdadera razón: el miedo que tiene el gobierno priista a que los narcos mexicanos suelten sopa a cambio de reducirles las sentencias. Así que aunque Arely Gómez pretenda usar excusas leguleyas para no extraditar narcos, Murillo ya la había echado de cabeza cuando él fue procurador.
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