De acuerdo con Animal Político, la iniciativa incluye medidas de censura a internet que incluyen el corte de la señal de internet a capricho del gobierno.
El artículo 197, fracción VII de la iniciativa enviada por Peña Nieto al Senado incluye la posibilidad de que los concesionarios suspendan la red de internet en determinadas áreas y eventos. Dice:
“Bloquear, inhibir o anular de manera temporal las señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.
Esto significaría que por orden de cualquier autoridad se podría bloquear la señal de internet en cualquier lugar donde ocurra una protesta contra Enrique Peña Nieto, o donde exista un operativo contra manifestantes, impidiendo de esa forma que reporteros ciudadanos puedan informar de los hechos ya sea por medio de transmisión de streaming en tiempo real o por medio de redes sociales.
Esto impediría que los ciudadanos reporten abusos de las autoridades o que muestren protestas contra Enrique Peña Nieto o contra los gobiernos priistas como las que han ocurrido en diversas partes del país a raíz de las protestas estudiantiles en la Universidad Iberoamericana contra Peña Nieto.
Esto vulneraría el principio de neutralidad que debe existir en los porveedores de internet, al obligarlos a censurar lo que resulte incómodo para el gobierno.
Animal Político señala que existe otro elemento en en el artículo 146 de la ley secundaria que vulneraría el principio de neutralidad, al establecer que los proveedores de internet podrán ofrecer un servicio de acceso a internet deficiente a quienes paguen menos. Dice:
“Los concesionarios y los autorizados que presten el servicio de acceso a Internet podrán hacer ofertas según las necesidades de los segmentos de mercado y clientes, diferenciando entre niveles de capacidad, velocidad o calidad”.
Esto quiere decir que sólo podrán tener acceso a internet de calidad quienes tengan más dinero, discriminando de esa forma a la mayoría de los mexicanos.
Y por si fuera poco, el artículo 145, fracción III, legaliza la censura en internet al hacer responsables a los proveedores de internet de los contenidos de los usuarios. Dice:
“Los concesionarios y autorizados que presten el servicio de acceso a Internet (…) podrán bloquear el acceso a determinado contenidos, aplicaciones o servicios a petición expresa del usuario, cuando medio orden de autoridad o sean contrarios a alguna normatividad”.
Lo que eso significa es que los proveedores de internet estarán obligados a censurar internet si alguien lo pide con orden judicial.
Eso es súmamente grave, ya que si el PRI solicita mediante una orden judicial que se censure un video en YouTube denunciando a funcionarios o candidatos del PRI alegando "derechos de autor", como lo han hecho antes para cubrir denuncias contra Enrique Peña Nieto, Eruviel Ávila y Fidel Herrera, los proveedores de internet estarán obligados a censurarlo.
Peor aún; la ley enviada por Peña Nieto legaliza el espionaje a todos los usuarios de internet sin motivo.
Y es que el título VIII de la ley establece que los proveedores podrían almacenar hasta por 24 meses los datos y registro de comunicaciones de los usuarios, incluidos el origen y destino de las comunicaciones, la fecha, hora y duración de los mensajes o llamadas, el nombre del titular de la línea y la ubicación geográfica del dispositivo de comunicación, entre otros datos, copiando de esa manera los métodos de espinoane de la NSA en Estados Unidos.
El claro ataque a la privacidad y libertad de expresión de los mexicanos por medio de internet podría ser aprobado por una mayoría del PRI y del PAN.
De aprobarse por el PRI y el PAN, la única manera de echar abajo la censura en internet sería votando por la izquierda en 2015 para que tenga mayoría en el congreso y pueda desechar la censura y el espionaje de Enrique Peña Nieto a internet.
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