Resulta imposible no sospechar de un nuevo pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón -o reafirmar la existencia del mismo que ya existe desde 2006, y que ya documentó fielmente Álvaro Delgado en su libro El Amasiato- luego del hecho de que prácticamente al mismo tiempo el poder judicial le dio impunidad al gobierno de Peña Nieto por los casos de asesinatos a manos de militares en Tlatlaya; la desaparición forzada en el caso Ayotzinapa; y al gobierno de Felipe Calderón en el homicidio múltiple en la guardería ABC.
Mire usted:
Los tres casos se resolvieron el sábado 14 de mayo de 2016 y las notas al respecto fueron escuetas: un juez le dio impunidad a los militares acusados de haber matado a detenidos en Tlatlaya, Estado de México, a pesar de los testimonios de testigos, y de la evidencia física que claramente muestra que hubo ejecuciones extrajudiciales.
Casi al mismo tiempo se dio a conocer en los medios una resolición de un tribunal que data de 2014 en la cual se alega que los 43 normalistas de Ayotzinapa no fueron desaparecidos por el gobierno, sino que fueron asesinados en el basurero de Cocula, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha demostrado fuera de toda duda, con imágenes de satélite de NASA, que jamás hubo un incendio en el basurero de Cocula cuando los estudiantes desaparecieron, y a pesar de que hay un video en el cual militares escoltan a los narcopolicías que se llevaron a los estudiantes.
Aunque, se debe decir, las sentencias que se dieron a conocer en los medios ocurrieron antes de que se dieran a conocer las evidencias de NASA y videos varios que demuestran que sí hubo desaparición forzada. Por lo cual el difundir esas sentencias son más bien un ardid mediático.
Pero donde las cosas toman un vuelco más bien sospechoso es en la sentencia de un juez que condena a 19 de 22 acusados por el incendio de la guardería ABC, de Hermosillo, Sonora, a de 20 a 28 años de prisión por el incendio que costó la vida a casi 50 bebés.
Esa sentencia sólo condena a implicados menores; da impunidad a las 3 funcionarias del IMSS -de menor rango también- que estaban acusadas y nisiquiera toca a los verdaderos culpables: Juan Molinar Horcasitas, quien era director del IMSS cuando se renovó el contrato de ABC; Daniel Karam, quien lo sustituyó; Carla Rochín Nieto, coordinadora nacional de guarderías del IMSS, y amiga de Margarita Zavala Gómez del Campo; y a Marcia Gómez del Campo, principal accionista de la guardería ABC y prima de Margarita Zavala.
Dato interesante: en 2014, 5 años después de la tragedia, el diario Pulso de San Luis publicó un artículo preguntando dónde están hoy los implicados en caso ABC. De Carla Rochín de plano puso "paredero desconocido."
Otro dato importante: en 2009 Claudia Pavlovich, hoy gobernadora priista de Sonora, de acuerdo con Pulso de San Luis, "se unió a un grupo de personajes connotados de Sonora que defenfieron a los dueños de la Guardería, entre ellos el Arzobismo Felipe Arizmendi Esquivel."
Hay más. Dice Pulso:
"Claudia Pavlovich firmó cartas dirigidas al juzgado primero de distrto en las que resaltaba la solvencia moral, finura y probados valores éticos y morales de los dueños de la guardería, señalados en ese momento como responsables de la muerte de los 49 menores."
¿Por qué los defendió? Pues porque Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella es prima de Margarita Zavala Gómez del Campo, pero también es prima política del entonces gobernador priista de Sonora, Eduardo Bours. Claudia Pavlovich era la garantía de impunidad tanto para el PRI como para Felipe Calderón en el caso ABC.
La publicación de las tres sentencias, Tlatlaya, Ayotzinapa y ABC, el mismo día y escasas 3 semanas de las elecciones estatales de este año, hacen imposible no sospechar que se trata de otro pacto más, u otra ramificación del pacto ya existente, entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. Pacto que fue detallado con testimonios de prominentes panistas en el libro de Álvaro Delgado El Amasiato: El pacto secreto Peña-Calderón y otras traiciones panistas, el cual salió a la venta just en los días previos a que se dieran a conocer las sentencias de Tlatlaya, Ayotzinapa y ABC.
¿Por qué la sospecha de que nuevamente se trata del pacto entre Peña y Calderón? Pues porque los casos Tlatlaya y Ayotzinapa afectan directamente al gobierno de Peña Nieto, al mostrarlo como lo que es: un gobierno asesino, autoritario y sin ningún respeto por la ley.
Y el caso ABC pone contra la pared a Margarita Zavala y a sus aspiraciones presidenciales, ya que el incendio en ABC fue consecuencia directa de funcionarios calderonistas; de una pariente de Margarita Zavala; de una amiga de Margarita Zavala; y un pariente político de Margarita Zavala (Bours), puesto que el inciendio, de acuerdo con una versión, habría sido provocado para quemar documentos de la administración de Bours que mostraban su corrupción. Todos ellos recibieron plena impunidad durante el gobierno de Calderón y ahora esa impunidad es ratificada por Peña Nieto.
Un último detalle: El sábado 14 de mayo, horas después de que se diera a conocer la sentencia de 2014 sobre Ayotzinapa, la diputada panista Guadalupe Murguía, quien forma parte de la Comisión Especial de Seguimiento al Caso Ayotzinapa en la Cámara de Diputados, hizo declaraciones sobre las sentencias que no condenaban que se desechara el delito de desaparición forzada, sino que simplemente repetían lo que ya se sabía. Cito textual de la nota de Reforma:
Por su parte, la presidenta de la Comisión especial de seguimiento al Caso Ayotiznapa, la panista Guadalupe Murguía, señaló que desde un inicio el primer juzgado desechó el proceso con base en el delito de desaparición forzada, contrario a la postura de los familiares.
Explicó que esto llevó a que el análisis del caso fuera por secuestro y que se llegara a la conclusión de que los jóvenes fueron ejecutados.
Detalló que esta visión de los jueces federales impactará en las posiciones que tomen los familiares de los estudiantes, que han insistido en que siga su búsqueda y que, si están muertos, el caso se trate como un hecho de desaparición forzada.
Murguía, vale la pena señalar, declaró en 2015 que el Ejército no tuvo responsabilidad en el caso Iguala. Es decir, ha sido defensora de la impunidad del gobierno de Peña Nieto desde el principio.
Sólo que en este caso Murguía no es alfil del calderonismo, sino de Ricardo Anaya, presidente del PAN.
Esto se desprende de las declaraciones del actual gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, quien se fue a la cargada de Zavala, pero quien en marzo de 2015 declaró:
Yo tuve la suerte de que en 2006 me respaldó el partido para ser diputado federal; en 2009 busco la presidencia municipal y (Ricardo) Anaya tenía a su candidata Guadalupe Murguía y ahí es donde chocamos la primera vez y ganamos la interna y la presidencia municipal, pero perdimos la gubernatura
De ahí nos pusimos de acuerdo para el futuro. Gané la capital, y estuve dos años y medio. Para llegar al Senado nos pusimos de acuerdo para que él (Anaya) fuera diputado federal por la vía plurinominal en la lista número uno y yo por la vía de mayoría; llegamos los dos.
La declaración se refiere al hecho de que, en efecto, Domínguez y Murguía contendieron por la candidatura a la alcaldía de Querétaro capital en 2009 los calderonistas aplastaron a Murguía.
Sin embargo, esto causó una ruptura en el partido que, según Domínguez, les costó la gubernatura.
Para 2015 las cosas cambiaron. Anaya se sumó a los esfuerzos para que Domínguez fuera alcalde y Murguía, su alfil, diputada federal pluri. Tanto Anaya como Zavala estuvieron en el acto en el que festejaron el triunfo de Domínguez en la gubernatura. Obviamente porque los dos querían los reflectores para sus propias aspiraciones presidenciales.
Lo cual sugiere que el pacto entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón ya se extendió a Ricardo Anaya.
Y lo cual le quita parte de la ventaja que Zavala tenía con el pacto entre Peña y Calderón, ya que, los hechos sugieren, también hay un pacto entre Peña y los enemigos de Felipe Calderón dentro del PAN.
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