De acuerdo con El Universal, Méndez señaló que fue presionado por el gobierno priista para ocultar los hechos y ahora, en represalia, el gobierno de Peña Nieto cuestiona su integridad.
"Ha sido con mucho pesar que arribé a esa conclusión (que hay tortura generalizada en México), pero le he hecho bajo el entendimiento de que su gobierno me invitó a conducir una visita para que realice una evaluación sincera de la situación, y no para minimizarla o presentarla bajo la mejor luz posible", dijo Méndez.
Indicó que tiene la evidencia para sostenter que en México existe tortura generalizada, pero que fue presionado para que cambiara su reporte. Dijo:
"Hubiera sudo una falta de ética de mi parte haber sucumnido a presiones que recibí en ese primer momento para que cambiara de parecer, del mismo modo sería una falta de ética cambiar de parecer al redactar el informe o incluso ahora, cuando toda la evidencia que tengo a disposición solamente ratifica mi evaluación".
La evidencia en la que basó su conclusión de que en México hay tortura generalizada fue el estudio de 14 casos en los que se violentaron los derechos de 107 mexicanos, además de un número indeterminado de personas que habrían sido víctimas de tratos crueles, inhumanos o degrandantes.
La cantidad de casos de tortura, indicó, es "mucho más que la cantidad de casos enviados a cualquier otro país en el curso de un sólo año."
Además, la investigación de la ONU comprende enetrevistas con familiares y testigos de tortura a lo lagro del país; documentos oficiales elaborados por las instituciones de justicia mexicanas, revisiones del médico forense que le acompaña así como reportes de organizaciones civiles.
En todas las fuentes citadas, la tortura ocurre durante las primeras 24 a 48 horas de detención y terminan cuando la persona es consignada, sin importar la corporación policiaca que realiza la detención.
Peor; los testimonios denuncian que existe indiferencia o tolerancia de procuradores, jueces, médicos forenses, y otras personas cuyo deber es investigar de oficio toda vez que existan sospechas de tortura.
Méndez también desmintió el alegato el gobierno priista de que el relator había dicho que su metodología había sido "rudimentaria e insatisfactoria en muchos niveles."
El gobierno priista, por medio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, tuvo esta semana el cinismo de decir que no trabajaría más con el relator de la ONU debido a que se negó a moderar su informe sobre tortura en México.
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