Comentarios: Ebrard va a SCJN por pluri, y no cuadra acusación de transa contra Padrés

Que Marcelo Ebrard anunció que impugnará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la revocación de su candidatura plurinominal que sentenció ayer el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Que además acusó al PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social de obedecer instrucciones de la Segob para ir en su contra. Que MC aclaró además que, contrario a lo que dice el TEPJF, Ebrard sólo participó en un proceso interno de selección de candidatos, el del PRD, y nunca participó en el de MC antes de que concluyera el proceso perredista.


COMENTO: Todas las evidencias demuestran que Ebrard no violó la ley, puesto que no participó en dos procesos de candidatura de dos partidos de manera simultánea, pero el TEPJF le canceló la candidatura de todos modos. En cambio Xóchitl Gálvez claramente violó la ley al no tener una credencial de elector del DF y el TEPJF le permitió ser candidata de todos modos. En otras palabras, sí hay una consigna para cerrarle el paso a Ebrard, lo que deja claro que el PRI sabe que Ebrard sí los puede derrotar en 2018.


Que ex funcionarios de Hacienda, dijeron a Reforma que redujeron impuestos federales a 41 empresas de Sonora allegadas al gobierno del panista Padrés por orden expresa de funcionarios locales. Que las órdenes, dijeron, venían de Roberto Ávila Quirogaa, director general de Auditoría Fiscal, y un grupo de subalternos. Que por lo menos una de las irregularidades pasó en 2012.

COMENTO: Momento. Esto no cuadra. Los funcionarios del SAT son federales. Por lo tanto, los funcionarios locales no tienen jurisdicción sobre ellos. En todo caso, si de verdad hubiera habido una irregularidad en el SAT en Sonora, el responsable directo hubiera sido el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que en ese entonces era José Antonio Meade, hoy titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. ¿Van a investigar a Meade también entonces? Porque, la verdad, no cuadra eso de que pretenden acusar de transas a una jurisdicción local cuando quien las permitió fue el gobierno federal.