El ex candidato presidencial priista, Enrique Peña Nieto, pretende hacer un nuevo pacto entre partidos políticos e integrantes de la sociedad civil para combatir la inseguridad y anunciarlo, según dijo el titular de Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, a más tardar el jueves.
En realidad el pacto en cuestión es un intento burdo por parte de Peña Nieto para lavarse las manos y repartirla cuando ya no le cabe, ya que la exigencia de renuncia por el caso Ayotzinapa no es para los partidos políticos ni para la sociedad civil, sino para Peña Nieto.
Lo que quiere Peña Nieto es poder decir que el caso Ayotzinapa y el resto de la violencia en México es culpa de todos y no sólo de él.
Nadamás que hay un problema: en el caso Ayotzinapa Peña Nieto no quiso investigar a José Luis Abarca desde octubre de 2013, antes de que tuviera algo que ver la policía minucipal.
Tampoco ha querido investigar al ejército a pesar de que nada hizo cuando ocurrió la msacre para detener a los sicarios, se negó a ayudar a las víctimas, y encima los acusan de haber liberado a la policía de Cocula que estaba coluidad con el narco.
Así que la culpa de las policías municipales es mínima. La verdadera culpa es del gobierno federal por no haber impedido con omisiones -si no es que complicidad- que operaran quienes perpetraron la masacre de Iguala.
Otro ejemplo de que no tiene nada que ver la policía municipal en la violencia en México: Tlatlaya. Ahí los que masacraron personas fueron los soldados. La policía municipal no tuvo nada que ver.
Peña Nieto cree que si logra que otros se embarren en la responsabilidad que le corresponde a él, entonces ya la gente dejará de protestar en su contra y dejará de exigirle la renuncia.
Se equivoca. La gente seguirá exigiendo que renuncie Peña Nieto, ya que cómplice por omisión es él.
Pero además, Peña pretende hacer un pacto por la inseguridad cuando miles de trabajadores de la PGR nisiquiera han pasado los exámenes de confianza.
De acuerdo con Reforma, 3 mil 516 funcionarios de la PGR, Comisión Nacional de Seguridad e Instituto Nacional de Migración, siguen laborando a pesar de que no han aprobado los controles de confianza.
Y no son los únicos. Tampoco han pasado los exámenes de confianza policías preventivos, policías investigadores, custodios, peritos, ministerios públicos y personal administrativo con acceso a información sensible.
Además de los 3 mil 516 funcionarios federales, tampoco han pasado los exámenes de confianza 20 mil 521 funcionarios estatales y 18 mil 117 municipales.
En otras palabras, hay un problema mucho mayor con los gobiernos estatales que con los municipales, a quienes Peña Nieto pretende achacar la culpa de la violencia.
Adivinen qué partido gobierna la mayoría de los estados. Adivinaron: El PRI.
Así que no se dejen engañar. Peña Nieto quiere que otros carguen con la responsabilidad que él tiene en el caso Ayotzinapa y por la cual debe renunciar.
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