Este acto, audaz y decidido, puso fin a un largo conflicto diplomático entre nuestro país y las potencias extranjeras, en torno a la propiedad de las riquezas del subsuelo y su explotación y aprovechamiento. El origen del conflicto era la liberalidad extrema con que el porfiriato había recibido a los explotadores de petróleo, y las ilimitadas y fraudulentas concesiones que se les habían otorgado, que hicieron de las regiones petroleras verdaderos estados dentro del Estado, donde imperaba la ley de las compañías, y que permitieron el saqueo impune de nuestra riqueza.
Los sucesivos gobiernos revolucionarios, amparados en el artículo 27 de la Constitución de 1917, buscaron resolver esa situación, sometiendo a las compañías extranjeras a las leyes mexicanas, y las compañías, protegidas por sus gobiernos, especialmente por los Estados Unidos y la Gran Bretaña, entraron en conflicto frontal con el gobierno de México, lo que estuvo a punto de causar una guerra entre México y su poderoso vecino del norte en 1919 y, otra vez, en 1927.
Gracias a la experiencia adquirida por los gobiernos anteriores en esta lucha permanente y desigual, Lázaro Cárdenas pudo aprovechar una huelga general de los trabajadores petroleros y las intransigentes negativas de las compañías a someterse a las leyes mexicanas, para encontrar una base jurídica sólida que le permitiera emitir el decreto de expropiación, luego de que fallaran todos los intentos de conciliación con las compañías.
El mismo día que emitió el decreto, el presidente Cárdenas difundió el siguiente mensaje: “pido a la Nación entera un respaldo moral y material suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, tan trascendente y tan indispensable”. La expropiación de esta industria ha tenido una relevancia vital en nuestra evolución económica, política y social, siendo la acción más significativa de un país decidido a defender sus recursos naturales ante la fuerte penetración de los intereses externos.
Pedro Salmerón
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